España es el problema

Tras leer el artículo del Sr. Honrubia: “independentismo y lucha armada”, me encontré sumido en una mezcla de incredulidad y asombro. De entrada, es obvio que, como dirían en el “Cine del Oeste”, actúa como un “jugador de ventaja”. Pretende hacernos participes de un “juego” en el que interviene con “cartas marcadas”. En un partido ganado de antemano por incomparecencia obligada del contrario. Nos incita a un debate imposible desarrollar, puesto que el Régimen solo permite opinar en tanto y en cuanto sea para reforzar sus postulados. El es completamente libre de decir lo que dice. Muchos, por el contrario, estamos condenados a callarnos. Cualquier manifestación, que pudiese ser considerada, no ya de apoyatura, sino tan siquiera “comprensiva”, aún parcialmente, no con ETA, sino tan siquiera con su estrategia, planteamientos o bases ideológicas, podría ser constitutivo de un “delito de apología del terrorismo”. Se ha llegado al extremo macartista de perseguir no solo la libre manifestación de opiniones, sino incluso los silencios. En estas condiciones, la problemática trasciende a la inviabilidad del intercambio de pareceres, no se limita a un no poder hablar, se amplia al deber moral de no hacerlo. Con independencia de las convicciones que se posean, ninguna manifestación debe ser instrumento ciego de la coerción institucional. Arropadora intelectual de la “caza de brujas”. Mientras no se “tolere” un completo e incondicional ejercicio de la libertad de expresión, que la palabra y la escritura sean altavoces de denuncia de la represión. Lo contrario es ser un oportunista o un inconsciente “tonto útil” del Sistema.

Fuera aparte lo expuesto, el contenido del texto desgrana tal acumulo de aseveraciones kafkianas que, desde una óptica independentista y socialista andaluza, en el más favorable e los casos, solo serían merecedoras de una sonrisa condescendiente o un caritativo silencio. Acertando al decir que ETA es: “el argumento principal que desde el estado español y sus gobiernos (sean del signo que sean) se da para impedir el verdadero debate nacionalista antes de que empiece si quiera a desarrollarse”, se precipita en el mundo del absurdo al afirmar que: “mientras exista ETA, en este Estado jamás se podrá hablar de procesos nacionalistas” y que, en cambio, “en un escenario de paz”, “sin presión armada”, el Estado se vería imposibilitado de justificar su negativa a reconocer a los pueblos sus derechos nacionales, porque sería “tachado abiertamente de autoritario y antidemocrático”. Y llega a alcanzar las mas altas cotas de la irracionalidad concluyendo que: “ETA es el principal muro que paraliza el progreso del nacionalismo independentista en el Estado español”. Todo el artículo, no es más que un catálogo de despropósitos semejantes. No obstante, obviando lo planteado y aún no siendo la pretensión del autor, si trasluce un debate de fondo en el que si merece la pena detenerse: ¿Es posible alcanzar la libertad nacional y social de los pueblos en España, a través o a partir de un Estado Español?

La España actual es un invento reciente. Es el fruto del acuerdo alcanzado entre el sector isabelino de la aristocracia latifundista castellana y la burguesía comercial e industrial de mediados del XIX. Mediante dicho pacto, ambos estamentos se aseguraban y apoyaban mutuamente en sus respectivos intereses socio-económicos. En lugar de competir por el Poder lo compartirían. La consecuencia fue la reconversión del propio concepto de España. La influencia burguesa, acelerado por la pérdida de las “posesiones ultramarinas”, conllevo la transformación de los restos peninsulares e insulares del naufragio, el reagrupamiento de las posesiones aún bajo control, en un artificioso Estado-Nación. Hasta entonces, España había sido un mero adjetivo geográfico y, políticamente, la nomenclatura englobadora de las posesiones imperiales. Hablar de España suponía lo mismo que en Inglaterra lo era hacerlo de Britania. “Español” era el nombre para designar al Imperio creado por la monarquía castellana, igual que “Británico” era el del Imperio gestado por la inglesa. Pero a partir del acuerdo que dio el Trono a Isabel II, España pasó a poseer un significado “nacional”. El Estado Español es por tanto, ya en su gestación, un proyecto opresor y capitalista. Nace para consolidar y perpetuar los intereses explotadores aristocrático-burgueses sobre los pueblos aún bajo su yugo. En España no hay negación y opresión nacional o explotación social y de clase, como consecuencia de “formas de Estado”, leyes, gobernantes u otras cuestiones circunstanciales, incluida ETA. España no es una Nación sometida a un Régimen opresor y explotador a derrocar. España niega, oprime y explota en conformidad con su propia esencia. Es un Estado creado y mantenido para facilitar dichos objetivos. Es la propia España el concepto y el “Régimen” a derrocar.

Desde esta perspectiva, cabe concluir, por un lado, que cualquier estrategia política subordinada a otras de carácter “estatal”, está condenada al fracaso y, por otro, que el enemigo de todo proyecto de liberación nacional y social es el propio marco estatal, su existencia, defensa o utilización. La propia España es el problema. Claro que el españolismo, el imperialismo burgués peninsular, utiliza y utilizará cualquier pretexto para justificar el encadenamiento de pueblos, la usurpación de su soberanía y la apropiación de sus riquezas, al igual que el imperialismo sionista los usa y usara para justificarlo con respecto al palestino; pero solo son y serán eso, pretextos. Si uno desapareciese, se limitarían a echar mano de otro y, si no los encontrasen, los inventarían. Creer que el problema es ETA, es tan ingenuo como señalar a los cohetes Kazan como causa de la última matanza israelí en Gaza. En España no se reconocen los derechos nacionales de los pueblos, no por tal o cual razón ocasional o puntual, sino porque España nace en su negación y para su negación. Es una empresa que solo puede sustentarse y ampararse en dicha negación. Si los reconociese estaría firmando su sentencia de muerte. Toda estructura opresora desaparece con la abolición de la opresión. La opresión no es para España una opción, es su razón de ser. Resulta ridículo plantear transformaciones de o a partir del Estado Español. Un independentista, un luchador por la liberación de su pueblo, no puede ni debe esperar nada de la estructura opresora del mismo. No hay más circunstancia favorable que su propia desaparición.

Por otro lado, es igualmente obvio, desde una perspectiva socialista, que los fundamentos de todo proceso de conquista y ocupación, de opresión y colonización, poseen unos porqués económicos. Forman parte de esa “fase superior del capitalismo” que es el imperialismo. En dichas circunstancias, los procesos revolucionarios y de clase se interrelacionan e interdeterminan con los de liberación nacional. En el Estado Español no hay una explotación de las clases populares en general y de la clase obrera en particular, tampoco como consecuencia de gobiernos, leyes o tipologías estructurales político-administrativas. España es, ella misma, una estructura político-administrativa conformada y destina a facilitar dicha explotación. Y, al igual que, de forma genérica, la diferencia fundamental entre un reformista y un revolucionario es su actitud con respecto al Estado Burgués (mientras que el primero aspira a “mejorarlo”, el segundo lucha por su erradicación), en el Estado Español lo será, igual y consecuentemente, en consonancia con la propia conceptuación y estrategia que se mantenga con respecto a él. Dado que no es que ésta España sea capitalista, es que la misma España es capitalismo, pretender “cambiarla”, “mejorarla”, no es más que reformismo. Una estrategia revolucionaria pasa, indefectiblemente, por su desaparición. No se trata de sustituir esta España por otra y, por tanto, esta forma de explotación por otra, sino de acabar con esta o cualquier otra. Imposibilitar la explotación destruyendo el instrumento mediante el que se ejerce.

A todo lo expuesto es necesario agregar otro ingrediente. Las Actuales estructuras, el “régimen democrático” que padecemos, no constituyen más que un continuismo neo-franquista encubierto. La “transición” no supuso ni conllevó otra cosa que la “adecuación” de las instituciones de la Dictadura a formalismos democrático-burgueses. A cambio de “un lugar bajo el Sol”, la “oposición democrática” renunció a la ruptura con respecto a él, aceptándolas, remozándolas e integrándose en ellas. Fue, como la propia terminología acuñada reconoce, una mera “reforma”. La “reconciliación nacional” es una frase que esconde la denominación de una traición a las clases populares. Del pacto espurio de intercambio de legalidades y legitimaciones entre socialdemócratas y franquistas. La lucha antifascista posee hoy tanta vigencia como antes de 1975. La persecución de delitos de opinión, la existencia de tribunales de excepción, de leyes como la de partidos, de censura de prensa encubierta (caso “El Jueves”), o incluso cotidianidades como la necesidad de “autorización” para ejercer derechos, son muestras suficientes del trasfondo autoritario del Estado. No es una democracia burguesa, es una actualizada y ampliada democracia orgánica.

Pero aún hay otro aspecto a considerar. Dado que no hay una Nación llamada España, que solo hay un Estado, España no es más que el conjunto de sus estructuras administrativas. Y dicho Estado dice basamentarse y justificarse en la “soberanía nacional” que ostenta un “pueblo español” igualmente inexistente. Si no hay España, tampoco puede haber “españoles”. Y un pueblo ficticio no puede ser sujeto de soberanía. Darles soberanía a los “españoles” es un subterfugio para quitárselas a los pueblos. El Estado Español no se sustenta sobre ninguna soberanía popular, sino sobre el secuestro y la negación de la soberanía popular. Y es la élite económica constitutiva de dicho Estado quien la retiene. España es no solo una Nación inventada sino un Estado ilegítimo, según los propios principios democrático-burgueses. Un Estado impuesto. No surge de la voluntad de los pueblos sino de la imposición sobre los mismos. De ello se deducen varias conclusiones, Por un lado la imposibilidad de alcanzar una administración “democrática”, tan siquiera en su sentido más formalista. Por otro, que dado que el Estado no es más que el conjunto de sus estructuras administrativas, sus propias instituciones son ilegítimas e instrumento de opresión. Ni gobiernos “centrales” o “autonómicos”, ni parlamentos o ayuntamientos, son o pueden ser elementos de “liberación”. Más aún, toda política institucionalista, toda acción política encauzada o focalizada en y a través de dichas estructuras, conllevan mantener la opresión y legitimarla.

Andalucía no tropieza con otro “obstáculo” o “muro”, otra causa mayor y más determinante que imposibilite el avance hacia su libertad, que el propio Estado Español. La lucha contra España es frente común y combate prioritario para nacionalistas, anticapitalistas y antifascistas andaluces. Es España quien ha secuestrado nuestra soberanía. Quien nos niega como Nación. Y lo hace para facilitar la extracción de la plusvalía de nuestra fuerza de trabajo y los beneficios del robo de nuestras riquezas. España es nuestro colonizador y el explotador de nuestra clase trabajadora. Es, igualmente, el nombre de la trinchera donde se parapeta el franquismo. Ser patriota, socialista, antisistema o demócrata, en nuestro País, es ser antiespañol. España es el enemigo común a derrotar. Y, por el contrario, cualquier estrategia soberanista, revolucionaria o antifascista, que no se enmarque dentro de parámetros antiespañolistas, por tanto antiestatalistas, o que tan siquiera no los priorice, no solo es errónea, sino que obtendrá resultados contrapuestos a los pretendidos. Más Estado Español, sea cual sea su “forma de Estado”, su Constitución, su gobierno o sus “mayorías”, es perpetuar la opresión nacional, la explotación social y el totalitarismo. Los andaluces nunca seremos libres en España, gracias a ella o a través de ella, sino contra España, a pesar de ella y acabando con ella. Coherentemente, nuestra estrategia no puede ser institucionalista: electoralista, municipalista y parlamentarista. Tiene que asentarse y desarrollarse sobre bases rupturistas con respecto tanto al Estado como a su administración neocolonial en nuestra tierra: Junta, Parlamento y ayuntamientos. Nuestra liberación no la traerán votos o legislaciones, sino la concienciación del Pueblo Andaluz y la consiguiente determinación colectiva de lucha por la recuperación de nuestra Soberanía. Y el principio para lograrlo es el desenmascaramiento y la deslegitimación de la farsa democrática y autonómica. La oposición radical y la confrontación, no la “participación”.

Francisco Campos López