miércoles, 16 de enero de 2008

No son accidentes laborales, son crímenes anunciados

DIRECCION NACIONAL DEL SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES/AS

Desde la dirección nacional del SAT queremos manifestar a todos los trabajadores/as andaluces nuestra más profunda indignación y rabia por la muerte ayer sábado de otro obrero, mientras realizaba su trabajo para una empresa subcontratada por Dragados en la construcción del pantano de La Breña II. Una muerte que tiene lugar en Córdoba cuando aún sentimos el dolor por la trabajadora que murió ahorcada a primeros de diciembre en una lavandería de Posadas y que viene a sumarse a los 168 fallecimientos de trabajadores/as contabilizados en Andalucía hasta mediados de diciembre. Una cifra espeluznante que, para vergüenza del gobierno de la Junta, coloca a Andalucía a la cabeza de todos los territorios del estado en las estadísticas de muertes en el trabajo.
Desde la dirección nacional de SAT queremos denunciar con rotundidad que lo sucedido ayer en Almodóvar y antes en Posadas, y lo que sucede, en fin, en cualquier localidad andaluza cada vez que muere un trabajador/a, no es, en absoluto, el fruto de la casualidad o de la mala suerte. Toda esta interminable cadena de muertes, dejémoslo claro de una vez, no son accidentes, sino verdaderos crímenes anunciados de los que únicamente cabe responsabilizar a los empresarios, por no poner todos los medios adecuados para que no sucedan, y a los gobiernos central y de la Junta, por consentir y amparar con su pasividad esta insostenible situación.

Los hipócritamente llamados “accidentes de trabajo” son consecuencia de la creciente degradación de las condiciones de trabajo impulsada por el ansia de beneficios sin límites de los empresarios y caracterizada por la existencia de una tasa de temporalidad que triplica a la media de la UE, el incumplimiento sistemático de las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, el incremento incesante de la subcontratación, etc., etc., etc. La precariedad y la subcontratación son instrumentos empresariales que provocan muertes obreras.

Desde el SAT lamamos a toda la clase trabajadora andaluza a rebelarse contra este intolerable rosario de muertes y exigimos con rotundidad a los gobiernos central y autonómico que dejen lavar su imagen pública con ineficaces campañas de sensibilización y adopten, de una vez todas, las medidas legales necesarias para acabar de raíz con la temporalidad, las subcontrataciones y la precariedad económica de los salarios, porque solo así no resultará preciso, para conservar el empleo o ganar un salario, trabajar sin haber recibido los niveles de formación necesarios, sin medios de protección adecuados o con ritmos de trabajo acelerados y jornadas interminables.

Finalmente, queremos exigir el cese inmediato y fulminante del Consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, por sus vergonzosas declaraciones en las que rechazaba contabilizar esta muerte como “accidente de trabajo” por haber sucedido en una jornada, el sábado, no recogida como laboral por el convenio de la construcción. Afirmaciones como ésta demuestran con toda claridad que el objetivo real de los responsables de la Junta no es acabar con la lacra social de la muerte incesante de trabajadores/as, sino maquillar sencillamente sus cifras, aunque sea a base de excusas tan absurdas e insultantes como la citada. Con responsables así no resulta extraño que los centros de trabajo sigan siendo hoy los únicos lugares de todo el estado en los que todavía se puede matar impunemente a una persona, sin apenas consecuencias para sus responsables.

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